SEMANA 13 REVOLUCION FRANCESA

 SEMANA 13 DEL 17 AL 21 DE ABRIL

(TEMA 9) La Asamblea Nacional (1789-1791)

La Asamblea Nacional se había convertido en Asamblea Nacional Constituyente con la misión de redactar una Constitución y dar a Francia una nueva forma de gobierno. La rebelión del campesinado tuvo un profundo impacto en la Asamblea Constituyente, cuyos miembros, ante el temor de una situación que pudiera hacer fracasar sus proyectos, acordaron -en la noche del 4 al 5 de agosto de 1789- la abolición de todo vestigio de régimen feudal: se decretó la supresión de los derechos feudales y se declaró ilegal el sistema de impuestos existente. En teoría, las ancestrales reivindicaciones campesinas quedaban satisfechas; a partir de entonces quedaba por construir un nuevo régimen que garantizara los principios del nuevo orden burgués.

Siguiendo el ejemplo americano, el 26 de agosto de 1789 los miembros de la Asamblea Constituyente aprobaron una relación de derechos del ciudadano que había de servir de preámbulo a la constitución. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (con una visión más universalista que su homónima americana) establecía los principios de libertad, igualdad, inviolabilidad de la propiedad y resistencia a la opresión, que iban a constituir la base de toda la legislación revolucionaria. El rey no la aceptó hasta el mes de octubre; después, se trasladó a París y se alojó en el Palacio de las Tullerías. La Asamblea se trasladó también a la capital y se dispuso a continuar allí su labor.

La burguesía moderada era el grupo que contaba con mayor representación en la Asamblea; considerando la configuración de la cámara, sostenían posturas centristas: eran partidarios de una monarquía constitucional con poderes limitados que pusiese remedio a los males sociales. A la derecha se encontraban los aristócratas, partido que aglutinaba los elementos más conservadores, defensores del absolutismo. En la izquierda se situaban los republicanos, entre los que figuraba Maximilien de Robespierre. Al margen de la pluralidad ideológica surgida en la cámara y fuera de ella (clubes de opinión y tertulias políticas: fuldenses, jacobinos, cistercienses, franciscanos), los principales dirigentes del proceso revolucionario acordaron llevar a la práctica una experiencia política de carácter monárquico y parlamentario, fruto de un compromiso entre la corona y la revolución.

La conducta frívola y licenciosa de la reina María Antonieta contribuyó
al descrédito de la monarquía (retrato de Gautier d'Agoty)

La Constitución de 1791 sancionaba la división de poderes, concediendo al rey las funciones del ejecutivo, y a un parlamento -elegido cada dos años- amplias atribuciones legislativas. La filosofía burguesa que inspiraba el texto legal aparecía, sin embargo, reflejada en el establecimiento de dos categorías de ciudadanos: activos (los que poseían derechos civiles y políticos -capacidad de voto- por ser contribuyentes) y pasivos (los que sólo tenían derechos civiles). Con ello quedaban excluidas del derecho a voto las clases bajas, hecho que condujo prontamente a su radicalización y a la exigencia del sufragio universal.

Aparte de la obra constituyente, la Asamblea desplegó también una ingente tarea legislativa. En primer lugar, se diseñó una descentralización y racionalización administrativa, por la que Francia quedaba dividida en 83 departamentos, en los que coincidían las diversas jurisdicciones administrativas con consejos de gobierno y autoridades locales elegidas por los habitantes de cada circunscripción. Otro hecho importante fue la reordenación de la administración de justicia, al establecer, según la nueva división territorial, distintas instituciones judiciales (juzgados de paz, tribunales civiles y tribunales de lo criminal), a cuyos cargos se accedía por elección.

Para institucionalizar la igualdad civil y la libertad económica, la actuación de los legisladores se dirigió a abolir toda clase de trabas que imposibilitaran el acceso de cualquier ciudadano a cargos civiles y militares; se eliminaron asimismo los impedimentos al comercio interior (supresión de aduanas y peajes), a la industria (abolición de gremios y prohibición de asociaciones obreras), a la agricultura (cercamiento), y, lo que era más importante, se reguló la igualdad de todos los ciudadanos ante los impuestos. De este modo la burguesía lograba establecer, junto al liberalismo político, las bases del liberalismo económico, eliminando las limitaciones que obstaculizaban su expansión económica.

Las acuciantes necesidades financieras del Estado, agravadas por la propia revolución, contribuyeron a que la Asamblea Nacional Constituyente determinara la nacionalización del patrimonio eclesiástico para enjugar con su venta el déficit público. Minadas sus posibilidades de subsistencia, la Iglesia católica pasó a depender del Estado, el cual, a través de la Constitución Civil del Clero (12 de julio de 1790), impuso una reorganización drástica de sus tradicionales estructuras y normas de funcionamiento interno, adaptándolas a la nueva filosofía revolucionaria (reducción de los 134 obispados existentes a 83, uno por departamento; provisión de cargos religiosos -párrocos, vicarios, obispos y arzobispos- por elección, como cualquier empleo público).

Los grandes cambios impulsados por la Asamblea Legislativa encontraron la férrea oposición de los privilegiados, muchos de los cuales emigraron a los países limítrofes esperando una acción inmediata de las monarquías absolutas europeas, que ya comenzaban a dar muestras de inquietud. La actitud del papa Pío VI al condenar la Constitución Civil del Clero -y, con ella, a la revolución- abrió un cisma en la Iglesia y en la sociedad francesas que tendría graves e inmediatas consecuencias.

Arresto de la familia real en Varennes (21 de junio de 1791)

Impulsado tal vez por sus escrúpulos al haber sancionado la controvertida legislación religiosa, Luis XVI acabó de convencerse de que el radicalismo de la Revolución sólo podía detenerse con la intervención de las potencias absolutistas. El monarca ya había negociado en secreto con soberanos extranjeros mientras fingía aceptar las reformas, y esperando convencerlos emprendió con su familia la huida del país. La fuga del monarca, sin embargo, fue abortada al ser reconocido y detenido en Varennes por el maestro de postas Drouet, el 21 de junio de 1791.

La noticia de la huida fallida del rey incitó a la emigración masiva de aristócratas y clérigos. Simultáneamente, la agitación campesina volvió a recrudecerse y una oleada de sentimiento antimonárquico comenzó a extenderse por toda Francia. En París, los clubes y periódicos radicales exigían que fuera la nación, y no la Asamblea Constituyente, la que decidiera la suerte del monarca. La declaración de inocencia adoptada por la Asamblea y el consiguiente restablecimiento de Luis XVI en el trono consumó la ruptura entre la burguesía moderada y los republicanos.

El 17 de julio de 1791, la Guardia Nacional disparó en el Campo de Marte contra una manifestación antimonárquica produciendo varias decenas de muertos. La represión se extendió a los principales dirigentes de las revueltas, entre los que figuraban Georges-Jacques Danton y Jean-Paul Marat. El club de los franciscanos fue clausurado. La Revolución se cobraba sus primeras víctimas, mientras en Pillnitz (Sajonia) Leopoldo II de Austria y Federico Guillermo II de Prusia hacían pública una declaración, el 27 de agosto de 1791, en la que proclamaban su deseo de "poner al rey de Francia en estado de consolidar las bases de un gobierno monárquico", una declaración considerada, no sin razón por los patriotas, como una clara amenaza de intervención.